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Una de las noticias más importantes sobre eficiencia energética salía a la luzel pasado 29 de julio tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2010. Aunque a priori nos parezca una forma responsable de tratar el consumo de energía, dicho plan tiene un gran defecto, no se trata de un plan vinculante sino que indica que en 2020 el consumo de los españoles tiene que verse reducido en un 20%.

Al tratarse de una mera indicación, España ya tiene abiertos con este, tres planes sobre eficiencia energética; El Plan de Acción y Eficiencia Energética 2008-2012 y otro que promueve veinte medidas de ahorro.

¿Por qué planes de ahorro no vinculantes?

Al igual que pasa en otros muchos sectores, la Comisión Europea exige presentar a los Estados miembros de la Unión Europea un Plan de Acción nacional donde se fijen los mecanismos que se deben llevar a cabo para ahorrar, en este caso, un 20% de consumo energético primario en el año 2020. Al tratarse de países con condiciones completamente distintas, el Plan no se realiza con condiciones vinculantes a ninguno de los Estados miembros, por lo que la presentación de dicho plan es inútil si no se transmite ni se conciencia a los consumidores ni a las administraciones públicas.

En la página de Fundacion Energías Renovables, han analizado el Plan de Ahorro llegando a las siguientes conclusiones:

  1. El diagnóstico que se hace de la evolución de la intensidad energética es incompleto y la mejora de los últimos años, que se considera como una tendencia consolidada, es desmentida por los malos datos de 2010. El año pasado, con un crecimiento nulo del PIB, la intensidad primaria creció un 1,2% y la intensidad final creció un 2,4%. Explicar lo ocurrido en 2010 como un hecho coyuntural, anómalo y errático, como se dice en el Plan, solo indica que no se ha estudiado a fondo el impacto de la crisis económica en las distintas variables energéticas; y el descenso de la demanda energética por la menor actividad económica no permite sacar la conclusión de que España haya entrado en la senda de la mayor eficiencia energética. De la misma manera, las sinergias a las que se alude en el Plan entre el efecto de la crisis y las medidas aplicadas de la E-4 no se explican suficientemente y el ejemplo de los malos datos de intensidad energética del sector industrial indica que el efecto de la crisis ha sido mucho mayor.
  2. El argumento principal del PAEE 2011-2020 es que España ha alcanzado en 2010 los objetivos de ahorro de energía que la Unión Europea había establecido para 2016. Tal hecho debería ser la clave para establecer objetivos de ahorro y eficiencia mucho más ambiciosos para 2020, máxime cuando se espera que el sector de los servicios energéticos se multiplique por tres y la creación de empleo se estime entre 500.000 y 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo. Mantener los objetivos para 2020 cuando llevamos, según el plan, seis años de adelanto es una autocomplacencia que solo invita a que todo siga como está. Por el contrario, los datos reales son que las importaciones energéticas, que en 2007 constituían el 34% de nuestro déficit comercial, en 2010 han llegado al 66% y que el 48,4% de todo nuestro consumo de energía es petróleo cuando la media de la UE es el 36,6%. La energía sigue siendo un lastre para la competitividad de nuestra economía.
  3. Sorprende la aprobación de este plan cuando una parte de su financiación, 3.850 M€ de apoyos públicos que tienen que poner las empresas eléctricas, no está resuelto. Coincide la aprobación del Plan con el inicio, a finales de julio, del trámite de audiencia  por la CNE  de la Orden que regula la transferencia de esos fondos al IDAE para el PAEE 2008-2012. Es decir, que el PAEE 2011-2020 no tiene garantizada su financiación. ¿Y si las eléctricas ya recurrieron y ganaron la financiación del ahorro a través de la tarifa eléctrica, qué garantía existe de que no volverán a recurrir? A este hecho cabe añadir la inexistencia de medidas fiscalesque envíen señales a los consumidores que incentiven las prácticas de ahorro y penalicen las de mayor consumo y derroche de energía. La eficacia del plan queda cuestionada por ambos hechos.
  4. El PAEE 2011-2020  basa su desarrollo en el cumplimiento de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables y del Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER). En el primer caso se trata de una ley inexistente y cuyo plazo de presentación, a los tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible (LES), ya se ha incumplido; en cuanto al PER, todavía no está aprobado. También se ha incumplido el plazo para aprobar el RD, previsto en la LES, de certificación energética de edificios existentes y no se dice nada de la transposición de la nueva directiva europea de eficiencia energética de edificios. Como tampoco cabe esperar mucho del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), en el que también se basa el cumplimiento del PAEE, porque en su elaboración no se tuvo en cuenta el factor energía.
  5. Las propuestas para el sector edificación y transporte tampoco son lo suficientemente ambiciosas como correspondería a los sectores de los que en mayor medida depende el éxito de cualquier política de ahorro de energía. Así, se afirma que los ahorros en edificación se perderán por el incremento del aire acondicionado, pero que las Empresas de Servicios Energéticos lo mejorarán y se prevé que en 2020 apenas el 1,4% de la superficie del parque de edificios tendrá la calificación A o B. En cuanto al transporte el 77% de los objetivos de ahorro se conseguirán en la carretera y solo el 22% en el ferrocarril, porque se prevé 2,5 millones de coches eléctricos en 2020. Faltan medidas vinculantes y decididas. No extraña, pues, que una de las veinte medidas que aparecían en el plan de febrero, la reducción de la velocidad en carretera, haya desaparecido.
CONCLUSIONES
  1. La aprobación de este nuevo PAEE 2011-2020 coincidiendo con la convocatoria electoral no solo lo hace pasar inadvertido sino que deja la evidencia de que el ahorro de energía no es un problema prioritario ni importante en la agenda política. Este es un error cuyas consecuencias ya estamos pagando en precios elevados de la energía, pérdida de competitividad, más importaciones energéticas y más contaminación atmosférica. Pero de estas consecuencias no se advierte a la opinión pública sino que se la conforta con argumentos como los de que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hasta 2016.
  2. Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberían tener carácter estructural y estratégico y no ser meras acciones coyunturales y voluntaristas cada vez que sube el petróleo y deben ser fruto del consenso con todos los agentes sociales y políticos, con medidas y objetivos de carácter vinculante que pasen de los anuncios y recomendaciones a las obligaciones y responsabilidades, incluyendo a las compañías distribuidoras de luz, de gas y de carburantes.
  3. Hay que tomarse más en serio el ahorro y la eficiencia energética que debe pasar a estar integrado en la planificación energética como una cuestión prioritaria y de seguridad nacional, como instrumento de la política energética para reducir nuestra dependencia energética exterior y afrontar los impactos negativos del cambio climático en los próximos años.
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